desde este momento, no más hermanitos

Alan García en el poder 1985 - 1990 (segunda parte)

Publicado: 2018-11-26

Continuando con lo expuesto en la columna pasada, sobre los errores cometidos por Alan García Pérez (AGP), en su primer Gobierno, Jhon Crabtree (JC), autor del libro cuyo título tomamos para esta columna, afirma que hubo una serie de errores y olvidos cruciales que aceleraron el desplome del Gobierno de AGP. Cabe señalar, que muchos de estos desaciertos fueron en su momento reconocidos por funcionarios del propio Gobierno, incluso por él mismo. La lista de yerros en los que incurrió su administración es numerosa, pero para el autor estos pueden condensarse en 5 puntos generales que explican el fracaso de este Gobierno. 

En primer lugar, dada la situación política heredada, era indispensable contar con una estrategia económica de mediano y largo plazo, así como un plan de estabilización de corto plazo. Sin embargo, el Gobierno de AGP inició (y finalizó) su mandato desprovisto de una estrategia cuidadosamente preparada que le otorgue coherencia a sus políticas. Esta necesidad era aún mayor debido a la naturaleza innovadora y poco ortodoxa de las políticas económicas empleadas. El resultado de esta carencia fue la inconsistencia entre muchas de las medidas adoptadas.

En segundo lugar, el Partido Aprista no tuvo la voluntad (sino hasta 1988) de establecer alianzas políticas con otros sectores (la izquierda y el empresariado, sobre todo). La alta votación alcanzada en 1985 se convirtió en su debilidad, en tanto hizo creer a AGP que él y su partido podían conducir el país por sí solos. Pero la soberbia, que siempre es mala consejera en política, le terminó pasando la factura en el momento más importante de su Gobierno: la pretendida nacionalización de la banca. Ni la izquierda, ni mucho menos el empresariado, estuvieron dispuestos a respaldar la medida. La ambivalencia ideológica del aprismo en su historia -al moverse de la izquierda hacia la derecha en el pasado- generó muchas dudas entre sus posibles aliados, quienes no estuvieron dispuestos a extenderle la mano.

En tercer lugar, la principal tarea del nuevo Gobierno era la pacificación del país. Para ello, AGP acertó (al inicio) haciendo hincapié en la necesidad de combatir a Sendero no sólo por medios militares, sino políticamente, a través de una estrategia de desarrollo para los departamentos más pobres del Perú, que beneficie a los productores campesinos. Pero al poco tiempo, el Gobierno mostró su incapacidad para implementar medidas y programas que dinamicen la economía campesina de manera efectiva, especialmente dadas las condiciones generadas por la presencia de Sendero. Fue justamente la frustración y el descontento generado por esta situación, lo que explica el crecimiento y expansión de Sendero en zonas como el Alto Huallaga, lugar en el cual reinaba la desconfianza entre productores e instituciones oficiales, sobre todo en cuanto a la erradicación y sustitución de cultivos de coca.

En cuarto lugar, el Gobierno de AGP no supo aprovechar la tranquilidad de sus dos primeros años de administración (era un presidente muy popular) para impulsar las reformas fiscales y tributarias que el país necesitaba. Sin un rediseño del sistema tributario era imposible creer que el Gobierno sería capaz de elevar el nivel de intervención estatal con el ánimo de promover el desarrollo económico y la equidad social. Además, AGP jamás entendió que el tipo de políticas heterodoxas que buscaba implementar exigían la presencia de una burocracia eficiente. Sin embargo, durante su Gobierno, él no hizo nada por profesionalizar y mejorar las condiciones de trabajo de la administración pública. Sin ello, sus políticas estaban condenadas al fracaso. Y así fue.

Por último, el Gobierno de AGP no tuvo la capacidad para mirar con atención el conjunto de demandas provenientes desde las regiones. De hecho, durante sus 3 primeros años de gestión, poco se hizo por llevar adelante programas destinados a promover una descentralización política, administrativa y económica más profunda. Fue recién en los dos últimos años de su administración que él asumió el tema de la regionalización con mayor energía. Pero ya era demasiado tarde, el Gobierno se topó con desafíos y demandas sub nacionales mucho más violentas y radicales. Estas, sumadas al escaso nivel de institucionalización del sistema político y a la casi nula capacidad del mismo para procesar y dar respuesta a estas demandas, generaron un escenario de inestabilidad, crisis y confrontación constantes.

El autor reconoce algunas omisiones

El libro (en la edición 2005) finaliza con un post scriptum que vale la pena comentar. Los juicios de la historia, señala JC, se modifican inevitablemente con el transcurso de los años, pues el tiempo permite enfocar nítidamente algunos temas que antes eran menos claros. Eso quiere decir que si el libro hubiese sido escrito hoy, con todas las ventajas de la mirada retrospectiva, habría enfatizado en varios aspectos que no se percibieron adecuadamente en el momento.

Según lo señala el propio autor, seguramente habría puesto mayor énfasis en la corrupción gubernamental del Gobierno aprista. Pues más allá del supuesto enriquecimiento ilícito de AGP, sobrevive en el imaginario colectivo una fuerte percepción popular de que los apristas de todos niveles se aprovecharon de sus puestos y utilizaron los recursos del Estado para llenar sus bolsillos.

De igual manera, especial atención habría merecido el tema de la violación de los derechos humanos, pues fue recién luego de la publicación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en 2003, que se pudo apreciar claramente la enormidad de las matanzas llevadas a cabo durante esos años, sobre todo en la región de Ayacucho. La cifra, para el autor, resulta estremecedora (70000 muertos) y exige una evaluación mucho más profunda.

Estabilidad económica e inclusión social

En la actualidad, los gobiernos de América Latina de centro izquierda enfrentan el reto de buscar un equilibrio político entre la estabilidad económica y la búsqueda de equidad e inclusión social. Esta es una tarea que la clase política en nuestro país también deberá afrontar, pues la experiencia comparada nos demuestra que son justamente los países menos desiguales, que cuentan con fuertes clases medias, los que logran consolidar y fortalecer a sus democracias. Siendo ello así, compartimos la opinión del autor al señalar que una asimilación objetiva de lo acontecido durante el período 1985-1990 podría servir como útil punto de partida para la construcción de un mejor futuro.

• Abogado PUCP. Post Grado y estudios de Maestría en Ciencia Política y Gobierno (PUCP). Especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución por la Universidad Castilla de la Mancha (Toledo -España) Candidato a Máster en Derecho Constitucional por la Universidad Castilla de la Mancha (Toledo - España). Es miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Profesor de Ciencia Política e Historia de las Ideas Políticas en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres.


Escrito por

Rafael Rodríguez

Estudia, lee, investiga, enseña y escribe sobre Derecho Constitucional, Ciencia Política y Derechos Humanos.


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