En Bolivia, hace algunos días, el Movimiento al Socialismo (MAS), partido político del presidente Evo Morales, presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda de inconstitucionalidad contra las normas (constitucionales y legales) que impiden la cuarta elección (tercera reelección) del presidente en 2019. Para la mayoría parlamentaria oficialista (en Diputados y Senadores, respectivamente), las normas cuestionadas atentan contra el artículo 26° de la Constitución que establece que todos los ciudadanos tienen el derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político. 

Sobre el particular, es importante señalar que en febrero de 2016, a la pregunta: ¿Usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168° de la Constitución Política del Estado para que la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente del Estado puedan ser reelectas o reelectos por dos veces de manera continua? El 51% de los bolivianos votó en contra de la propuesta que buscaba habilitar la cuarta postulación consecutiva de Evo Morales.

Asimismo, es necesario recordar que Evo Morales fue elegido por primera vez en 2006. Luego, fue reelecto por segunda vez en 2010. Y fue reelecto por tercera vez en 2015, luego de que el TC respaldara su postulación, apelando a una “interpretación auténtica” de la Constitución. En aquella oportunidad, el razonamiento del TC fue el siguiente: “Al amparo de la Constitución de 2009 (que permite solo una reelección consecutiva) Evo Morales sólo había sido elegido una vez en 2010, por tanto, tenía habilitado el derecho para postular en 2015”. Todo ello a pesar de que “materialmente” Evo Morales ya había sido elegido en 2006 y 2010. En otras palabras, el TC boliviano mal interpretó su Constitución del mismo modo cómo el fujimorismo hizo con la nuestra para posibilitar la tercera elección de Alberto Fujimori en 2000, a pesar de que la propia Constitución lo prohibía, y que ya había sido elegido en 1990 y 1995.

Entonces, lo que hace ahora Evo Morales, a través de su mayoría parlamentaria, con la presentación de esta acción de inconstitucionalidad, es lo mismo que otros presidentes autoritarios como Hugo Chávez, Rafael Correa y Alberto Fujimori buscaron cuando modificaron la normativa electoral de sus respectivos países, usando reformas legislativas cuestionables y/o interpretaciones antojadizas: perpetuarse en el poder violando el ordenamiento jurídico vigente. Es decir, se trata de presidentes que socavan las bases de la institucionalidad democrática, colocando a sus apetitos de poder, por encima de la Constitución y de los valores republicanos, que como el principio de alternancia en el ejercicio del poder, la inspiran y la llenan de contenido.

Es más, si analizamos esta intentona autoritaria con ojos absolutamente pragmáticos, podemos decir que Evo Morales busca ganar en el TC lo que perdió categóricamente en las urnas. Es decir, no sólo pretende desconocer el mandato expreso de su Constitución (cuya aprobación él impulsó), sino también la voluntad del pueblo boliviano que en el referéndum de febrero de 2016 le dijo NO a 19 años de Gobierno del MAS.

Ahora bien, y más allá de los delirios de poder de Evo Morales, lo que debemos hacer los latinoamericanos, al momento de analizar la conveniencia de la reelección inmediata o indefinida, es recordar el tratamiento que esta figura ha recibido en la historia del constitucionalismo latinoamericano, y por supuesto, preguntarnos cómo le fue a nuestra región cuando sus líderes políticos impulsaron este tipo de iniciativas, luego de presionar y someter a las instituciones encargadas del control político.

Así por ejemplo, en el Perú, como ocurrió en Chile durante el siglo XI, desde la Constitución de 1828 se permitió la reelección inmediata, pero nunca la indefinida. Ahora bien, durante todo el siglo XIX tanto en el Perú como en el resto de países latinoamericanos, los legisladores trataron de ir restándole fuerza a la figura del Presidente de la República, limitando la figura de la reelección, justamente para impedir que el gobernante de turno utilice su poder, su fuerza y sobre todo los recursos del Estado, para perpetuarse en el cargo. Entonces, si ese temor, fundado a mi juicio, se presentó con relación a la figura de la reelección inmediata, imaginémonos el peligro que nuestras frágiles democracias corren ante la posibilidad de consagrar en sus constituciones, una figura como la reelección indefinida, que es lo que en realidad busca Evo Morales

Queda claro entonces, que la historia constitucional latinoamericana es contraria a la reelección en cualquiera de sus formas. Es más, siempre que el gobernante propuso con éxito enmiendas constitucionales de este tipo, terminó convirtiéndose en dictador, atornillándose en el cargo y distorsionando gravemente el orden democrático y republicano de sus respectivos países.

Por si todavía existen algunas dudas, recordemos que nuestro continente ha tenido casos de Presidentes que han permanecido 35, 40 y hasta 50 años en el cargo, demoliendo instituciones, violentando libertades y derechos ciudadanos, promoviendo corruptelas y lo peor, postergando al infinito, el sueño de construir estados auténticamente democráticos y republicanos, en los cuales, además de respetarse las libertades fundamentales, se observen principios políticos básicos como el de separación de poderes. Así, hemos tenido a Juan Vicente Gómez en Venezuela, 35 años, Porfirio Díaz en México 35 años, Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana, 40 años, la familia Somoza en Nicaragua, 40 años y, por supuesto, Fidel Castro y ahora su hermano, Raúl Castro, 58 años, en Cuba.

Además, como lo recuerda el maestro Domingo García Belaunde, el problema de la reelección y su relación con la aparición de dictaduras, ya sean de derecha o izquierda, es desde un punto de vista social y político tan grande, que incluso ha servido de inspiración para la creación de verdaderas joyas de la literatura latinoamericana, como la obra de Ramón del Valle Inclán, “Tirano Banderas”, publicada en 1926, en la cual se describe la manera como los caudillos se perpetúan en nuestro continente, la obra de Miguel Ángel Asturias, “El Señor Presidente”, publicada en 1946, en la cual se narra la manera despótica como gobierna un gobernante sin nombre muy parecido a los de nuestras tierras, o la obra de nuestro Mario Vargas Llosa, “La Fiesta del Chivo”, publicada en el año 2000, en la cual se da cuenta de la manera como el dictador Rafael Leónidas Trujillo tiranizó a más de tres millones de personas, sin saber que se estaba urdiendo una conspiración en su contra la cual acabaría con su asesinato.

Entonces, afirmar que la reelección presidencial en Latinoamérica siempre ha estado asociada a la aparición de gobiernos dictatoriales y/o autoritarios no es un invento creado por los opositores de los Chávez, Correa, Fujimori o Morales, sino la constatación que nuestra experiencia histórica arroja. Si a eso le sumamos que han sido la pobreza, la marginalidad, el clientelismo político, la fragilidad institucional, el caudillismo, pero sobre todo, la escasa vocación democrática de nuestras élites, los factores que han abonado al surgimiento de estos fenómenos, los mismos que lastimosamente, y a pesar del tiempo transcurrido, todavía se encuentran presentes en nuestra región, entonces resulta lógico que existan razones de peso para oponerse a la misma.

Finalmente, no debemos olvidar el clima de confrontación y polarización política que esta propuesta ha generado en experiencias recientes como la venezolana, ecuatoriana, peruana y boliviana, generando profundas crisis de gobernabilidad.

• Abogado PUCP. Estudios de Maestría en Ciencia Política (PUCP) y Derecho Constitucional (Castilla La Mancha – España). Especialista en Justicia Constitucional (Castilla La Mancha – España). Miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Profesor de Ciencia Política e Historia de las Ideas Políticas en la Facultad de Derecho de la USMP.