Luego de 34 años de espera, los familiares de las víctimas del Cuartel Los Cabitos (Ayacucho) alcanzaron justicia, una vez que la Sala Penal Nacional del Poder Judicial emitiera sentencia condenatoria contra dos altos oficiales del Ejército por los homicidios, torturas y desapariciones forzadas perpetrados contra 53 personas en 1983 en el Cuartel, en lo que constituyó uno de los casos más emblemáticos de violación de derechos humanos presentados en el Perú durante los años del conflicto armado interno.  

Según lo expuesto en la sentencia, se ha logrado comprobar que existió un horno crematorio en la zona de La Hoyada, la pampa ubicada a poca distancia del Cuartel Los Cabitos, lugar donde los restos humanos de las personas asesinadas eran cremados con la finalidad de eliminar toda prueba o indicio que pudiera incriminar a los miembros del Ejército responsables de estos delitos.

Asimismo, se ha logrado acreditar la responsabilidad penal del coronel (r) Édgar Paz Avendaño (79 años), Jefe de Inteligencia en la Casa Rosada de Ayacucho, que recibió una condena de 23 años de prisión, y también del coronel (r) Humberto Orbegozo Talavera (75 años), Jefe del Cuartel, que recibió una condena de 30 años de cárcel, respectivamente. Además, el Colegiado reservó la lectura de sentencia para el general (r) Carlos Briceño Zevallos (90), Ex Comandante General del Ejército y el coronel (r) Carlos Millones D’estéfano (86), Jefe del Estado Mayor Operativo, por temas de salud mental. Lo mismo dispuso la Sala para el oficial Arturo Moreno Alcántara, actualmente prófugo de la justicia.

Ahora bien, sobre el Caso Los Cabitos, recuerdo que cuando conversaba con algunos amigos sobre el libro “Cuartel Los Cabitos: lugar de horror y muerte”, a muchos les costaba trabajo creer en la veracidad de los hechos que sus páginas relataban. ¿Acaso eso pasó en Ayacucho? ¿Construyeron un horno los militares para incinerar cadáveres y desaparecer cuerpos? ¿Encubrieron las instituciones castrenses a estos asesinos? Esas eran las preguntas que ellos -con cierto escepticismo- se hacían, interrogantes que estoy seguro cualquier peruano se hubiese formulado al leer el libro, preguntas que hoy han claramente resueltas por la sentencia emitida por la Sala Penal Nacional.

Lo cierto es que la realidad terminó superando con creces a la narración, pues luego de que se produjeron las exhumaciones, todos fuimos testigos del horror vivido en ese lugar de la sierra peruana, convertido, durante la década del 80 e inicios de los 90, en un auténtico campo de exterminio regentado por el Jefe Político Militar de la Zona.

Al respecto, basta recordar que en una sala de la Defensoría del Pueblo, se exhibieron las prendas de 59 peruanos desenterradas en La Hoyada, donde los miembros del Ejército ejecutaron extrajudicialmente a decenas de campesinos (as), crímenes que hasta el día de hoy aterrorizan a la población ayacuchana por la crueldad y vesania con los que fueron perpetrados, los mismos que han quedado debidamente acreditados en la sentencia.

Pero si la cifra de 53 cadáveres es de por sí escalofriante, nuestra indignación debería ser mayor si tomamos en cuenta que de los 109 (no lo olvidemos) cuerpos recuperados en La Hoyada sólo 53 -tome nota- estaban completos. ¿Qué pasó con el resto de los cuerpos? Se sabe que muchas de las víctimas fueron descuartizadas, para luego ser incineradas con el afán de cubrir con un manto de impunidad tan abominables crímenes.

Así, de acuerdo a lo señalado por los propios peritos a cargo de la investigación de los asesinatos cometidos en el Cuartel, hoy sabemos que más de la mitad de las personas ejecutadas fueron incineradas en los hornos construidos por los propios militares, muchos de los cuales, hasta el día de hoy, gozan de la protección “no explícita” de la institución castrense, la misma que los ha venido encubriendo con el objetivo de entorpecer el normal discurrir de las investigaciones.

Pero, ¿Cuándo se inició esta historia de sangre y muerte en Ayacucho? Hoy sabemos, luego de las investigaciones realizadas en el marco del proceso que se llevó a cabo en la Sala Penal Nacional, que fue Wilfredo Mori, General del Ejército Peruano, quien decidió incinerar los cadáveres en 1985, y que ya para esa fecha había más de 500 cuerpos enterrados.

Al respecto, en el 2005, cuando se empezaron a realizar las exhumaciones, el general Clemente Noel, negó la existencia del horno y de los cadáveres. “Serán de carneros”, dijo. Sin embargo, como bien lo recuerda Rocío Silva en su columna Okupa, fue 2011, el año en el que, luego de una ardua labor de investigación, el Instituto de Medicina Legal logró ubicar los restos óseos de hombres, mujeres y niños, incluso con sus prendas de vestir, muchos de ellos con orificios de bala en la parte posterior del cráneo, un total de 109 personas, como ya lo dijimos.

Pero también se encontró el horno, los tubos galvanizados, los conductos del gas y restos óseos quemados junto con cauchos y ladrillos. ¿Cuántos cadáveres habrán desaparecido de esa manera? Es la pregunta que se hace Rocío Silva, y que deberíamos hacernos todos los peruanos que exigimos justicia para las víctimas de esta carnicería militar.

Sin embargo, a pesar de las numerosas pruebas que incriminan y prueban la responsabilidad penal de miembros de las Fuerzas Armadas en estos crímenes (personal y altos mandos, por igual), resulta sorprendente y sublevante, al menos para quienes creemos en la dignidad y los derechos humanos de todos los peruanos, que algunos compatriotas pretendan justificar estos terribles delitos con frases escalofriantes como las siguientes: “Está bien que los hayan matado a esos terrucos”. “Las cholas que fueron violadas eran terrucas, merecían lo que les pasó”. “Los niños seguro también eran terrucos o en eso acabarían”. “No importa si eran o no terrucos, total, son los costos de la guerra”.

Cuando escucho proferir estas frases en público, y también en privado, no puedo sentir sino lástima por quienes las propalan, pero también angustia y temor por el futuro que nos espera como sociedad. ¿Qué clase de seres humanos somos para justificar violaciones, asesinatos, torturas y desapariciones forzadas bajo el argumento infame de la lucha contra el terror? ¿Acaso el Estado no se convierte también en una máquina de muerte cuando incurre en actos de terrorismo? ¿Acaso es necesario vejar y humillar a hombres, mujeres y niños para vencer al terror? Estas son preguntas que nos invitan a una mayor reflexión que por razones de espacio continuaremos en la columna de la próxima semana.

• Abogado PUCP. Post Grado y estudios de Maestría en Ciencia Política y Gobierno PUCP. Especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución por la Universidad Castilla de la Mancha (Toledo-España). Candidato a Máster en Derecho Constitucional en la Universidad Castilla de la Mancha (Toledo-España). Es profesor de Ciencia Política e Historia de las Ideas Políticas en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres.