El 11 de setiembre de 2001, en la Sesión Especial de la Organización de Estados Americanos (en adelante OEA), llevada a cabo en Lima, los países de la región (incluyendo a Venezuela) aprobaron la Carta Democrática Interamericana (en adelante la Carta), concebida como un instrumento que establece como uno de los objetivos principales de la región el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática. En la Carta se establece que la ruptura del orden democrático o su alteración que afecte gravemente la vida democrática en uno de los Estados Miembro, constituye un “obstáculo insuperable” para la participación de su gobiernos en las diversas instancias de la OEA.  

La Carta consagra una serie de principios políticos, sociales y jurídicos, y por tanto, debe ser leída atendiendo a estas tres perspectivas. Desde la perspectiva política supone el compromiso de los Gobiernos de los Estados Miembro de la OEA con la promoción y defensa de la democracia como sistema político. Desde la perspectiva social evidencia la necesidad de los pueblos de América de vivir en democracia, entendida como el único sistema político capaz de garantizar los derechos humanos. Finalmente, desde la perspectiva jurídica, supone el compromiso de los Estados y de la Sociedad con el respeto por los derechos humanos, las instituciones y el orden constitucional de cada país.

Al respecto, el artículo 3° de la Carta señala que son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.

En esa misma línea, el artículo 4° de la Carta establece que son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa.

He considerado oportuno hacer referencia a estos artículos de la Carta, ya que ha sido justamente la violación sistemática cometida por el Gobierno dictatorial de Nicolás Maduro de ambos postulados, la razón por la cual los Cancilleres y Representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, se reunieron en nuestra capital -respondiendo a una convocatoria de nuestro Gobierno- para abordar la crítica situación en Venezuela y explorar formas de contribuir a la restauración de la democracia en ese país a través de una salida pacífica y negociada, como se lee en la Declaración.

¿Qué dice exactamente la Declaración?

Luego de una jornada intensa de análisis y reflexión, los representantes de los países referidos en el párrafo precedente, decidieron suscribir la Declaración señalando lo siguiente:

1. Su condena a la ruptura del orden democrático en Venezuela.

2. Su decisión de no reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente, ni los actos que emanen de ella, por su carácter ilegítimo.

3. Su pleno respaldo y solidaridad con la Asamblea Nacional, democráticamente electa.

4. Los actos jurídicos que conforme a la Constitución requieran autorización de la Asamblea Nacional, sólo serán reconocidos cuando dicha Asamblea los haya aprobado.

5. Su enérgico rechazo a la violencia y a cualquier opción que involucre el uso de la fuerza.

6. Su apoyo y solidaridad con la Fiscal General y los integrantes del Ministerio Público de Venezuela y exigen la aplicación de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

7. Su condena a la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales, a la violencia, la represión y la persecución política, la existencia de presos políticos y la falta de elecciones libres bajo observación internacional independiente.

8. Que Venezuela no cumple con los requisitos ni obligaciones de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

9. Su seria preocupación por la crisis humanitaria que enfrenta el país y su condena al gobierno por no permitir el ingreso de alimentos y medicinas en apoyo al pueblo venezolano.

10. Su decisión de continuar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela.

11. Su apoyo a la decisión del MERCOSUR de suspender a Venezuela en aplicación del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático.

12. Su decisión de no apoyar ninguna candidatura venezolana en mecanismos y organizaciones regionales e internacionales.

13. Su llamado a detener la transferencia de armas hacia Venezuela a la luz de los artículos 6 y 7 del Tratado sobre el Comercio de Armas.

14. Que, teniendo en cuenta las condiciones actuales, solicitarán a la Presidencia Pro Témpore de la CELAC y a la Unión Europea, la postergación de la Cumbre CELAC-UE prevista para octubre de 2017.

15. Su compromiso de mantener un seguimiento de la situación en Venezuela, a nivel de Cancilleres, hasta el pleno restablecimiento de la democracia en ese país, y de reunirse a más tardar en la próxima sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, oportunidad en la que podrán sumarse otros países.

16. Su disposición a apoyar de manera urgente y en el marco del respeto a la soberanía venezolana, todo esfuerzo de negociación creíble y de buena fe, que tenga el consenso de las partes y que esté orientado a alcanzar pacíficamente el restablecimiento de la democracia en el país.

Ahora bien, es importante recordar que el artículo 20° de la Carta establece expresamente que en caso de que en un Estado Miembro se produzca un alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático (es el caso del Gobierno dictatorial de Nicolás Maduro en Venezuela), cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente.

Hago esta precisión ya que el dictador Nicolás Maduro y algunos grupúsculos de izquierda en nuestro país, han acusado a nuestro Gobierno de orquestar una estrategia internacional en contra de Venezuela, poniéndose al servicio del imperialismo norteamericano (esa frase ridícula y trasnochada que los dictadorzuelos de izquierda siempre usan para justificar sus tropelías). En todo caso, a la luz de los artículos referidos, queda claro que la convocatoria de nuestro Gobierno ha sido completamente acorde con el espíritu democrático de la Carta.

Finalmente, considero que los puntos que mejor resumen el contenido de la Declaración son los siguientes: 1) Reconocer que en Venezuela el orden democrático se ha quebrado; 2) Desconocer a la Asamblea Constituyente ilegalmente convocada por el dictador Nicolás Maduro; 3) Respaldar a la Asamblea Nacional que sí fue democráticamente elegida; 4) Condenar la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela; 5) No apoyar ninguna candidatura de Venezuela en mecanismos y organizaciones regionales e internacionales; y 6) Mantener un seguimiento de la situación en Venezuela, a nivel de Cancilleres, hasta el pleno restablecimiento de la democracia en ese país.

• Abogado PUCP. Post Grado y estudios de Maestría en Ciencia Política y Gobierno PUCP. Especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución por la Universidad Castilla de la Mancha (Toledo-España). Candidato a Máster en Derecho Constitucional en la Universidad Castilla de la Mancha (Toledo-España). Es profesor de Ciencia Política e Historia de las Ideas Políticas en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres.