La historia de nuestro continente demuestra que en América Latina los periodos de dictadura fueron tiempos terribles para la comunidad LGTBI. En Latinoamérica, durante las décadas de los 70 y 80, las minorías sexuales fueron víctimas de una violencia sistemática que acabó con la vida de muchas personas. En Argentina, Chile, o Paraguay, por ejemplo, se perpetraron continuos actos de violencia y represión en contra de estas personas. Así, podemos decir que las dictaduras desataron toda su furia contra este grupo, bajo la absurda creencia de que estas personas, a las cuales catalogaban como “anormales” por su identidad sexual, no podían ser parte de ningún proyecto social, político o cultural, y que por tanto, debían de ser exterminadas. 

En nuestro país lo casos de crímenes de odio cometidos contra las minorías sexuales no han sido pocos. Se recuerdan los asesinatos cometidos por los grupos terroristas contra estas personas conocidos como operativos de “limpieza social”. Basta mencionar, que en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, se documenta el asesinato de 10 homosexuales en Aucayacu (1986), 8 en Pucallpa (1988) y otras 8 personas en Tarapoto (1989).

Es más, en los últimos años, los grupos de derechos humanos denunciaron el caso de Edgar Peña, joven de 32 años, al cual un grupo de salvajes le cortaron la cara y el cuerpo con una navaja y una botella rota. Edgar tuvo que ser operado de emergencia, 180 puntos se necesitaron para cerrar sus heridas. Lo mismo ocurrió con Luis Alberto Rojas, joven de 26 años, que fue violado con una vara de goma por tres policías del distrito de Casa Grande.

A estos casos se suma el de un cadáver que llevaba un cartel que decía “Por Maricón”. También el de un adolescente a quien le dejaron un pico de botella introducido en el ano. Y, finalmente, el de una adolescente a quien golpearon y le arrancaron el cabello de raíz en la puerta de su colegio ubicado en San Martín de Porres. Sus agresoras la maltrataron mientras le gritaban: ¡Ella es una machona! ¡Le gusta la concha!

A este tipo de delitos se los conoce como delitos o crímenes de odio. Al respecto, debemos recordar que un crimen de odio es cualquier forma de violencia motivada por el prejuicio hacia una determinada religión, discapacidad física, origen étnico, grupo racial u orientación sexual. El ensañamiento, la atroz brutalidad, la maldad convertida en violencia física o psicológica son sus principales características. Este tipo de conductas, como hemos podido apreciar, suelen desencadenar en la comisión de atroces crímenes, sin embargo, sus perpetradores, en muchos casos con la complicidad de las autoridades, se burlan de la justicia y pasean impunemente por las calles, ante el dolor e impotencia de sus víctimas y familiares. Es más, según lo señalan algunos estudios, en el 31% y 46% de los casos, son los miembros de la Policía y el Serenazgo, respectivamente, los responsables de estas agresiones.

A pesar de la gravedad del problema, nuestro país, a diferencia de lo que ocurre en otros lugares del mundo como España o los Estados Unidos, no cuenta con cifras oficiales o con entidades públicas encargadas de registrar, sistematizar y analizar los casos y las razones que explican toda esta barbarie. Lastimosamente, la violencia homofóbica es percibida como un tema de menor importancia por la mayoría de los peruanos. Es un problema que afecta solo a los “desviados”, dicen los homofóbicos. Tenemos problemas más importantes que resolver, señalan los cínicos.

A todos aquellos que razonan de esta manera, les preguntaría lo siguiente: ¿Qué cosa puede ser más importante para una sociedad que la defensa de los derechos de todas las personas? ¿Es que en el Perú la dignidad de las personas depende de su identidad sexual? ¿Cómo podemos entonces hablar de desarrollo en el Perú si nuestra sociedad no es capaz de frenar esta violencia? ¿Cómo pretendemos convertirnos en un país de primer mundo cuando nuestra sociedad tolera y justifica este tipo de crímenes? Lo que debe quedarnos claro es que la violencia contra la comunidad LGTBI en nuestro país sí existe y seguirá existiendo mientras no seamos capaces de enfrentarla y denunciarla como sociedad, exigiéndoles a nuestras autoridades, que adopten las medidas que sean necesarias para resolver el problema.

En primer lugar, es necesario hacer una revisión exhaustiva de la legislación vigente. Se debe tipificar claramente el delito o crimen de odio en nuestro Código Penal, fijando una pena proporcional al grave daño que este tipo de conductas genera en la víctima. En segundo lugar, se debe implementar una política pública interinstitucional, que incluyendo a todas las entidades involucradas (PNP, Ministerio Público, Poder Judicial, entre otras), busque dar una solución integral al problema. En tercer lugar, debemos lanzar una campaña de sensibilización a nivel de todo el aparato público, para que los funcionarios y empleados públicos entiendan que todas las personas merecen respeto, independientemente de la identidad sexual que cada uno presente.

Finalmente, resulta primordial diseñar una política educativa destinada a acabar con la homofobia e intolerancia en nuestras aulas. De allí la importancia de la implementación del Currículo Nacional Básico en nuestro país, cuyo contenido busca justamente promover la tolerancia y el respeto en las escuelas. Esto último resulta fundamental, pues solo en la medida que nuestros niños y jóvenes dejen atrás los odios y prejuicios absurdos de sus mayores, es que los peruanos estaremos en capacidad de construir una sociedad auténticamente plural, igualitaria y democrática, en la cual todas las personas podamos ser libres. Sólo así acabaremos con los discursos homofóbicos que nos embrutecen y con la violencia que nos barbariza.

• Abogado PUCP. Post Grado y estudios de Maestría en Ciencia Política y Gobierno (PUCP). Candidato a Máster en Derecho Constitucional en la Universidad Castilla de la Mancha (Toledo-España). Profesor de Ciencia Política e Historia de las Ideas Políticas en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres.