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LO QUE EL FUJIMORISMO PODRÍA HACER, SI QUISIERA

Publicado: 2017-06-19

El 26JUL2016, la congresista fujimorista Luz Salgado Rubianes fue elegida Presidenta del Parlamento para el periodo 2016-2017 con el respaldo de 87 votos. Eso quiere decir que el fujimorismo logró que 14 parlamentarios de otras fuerzas políticas respalden su postulación. En otras palabras, el fujimorismo, desde ese día, cuenta con los votos necesarios para alcanzar la denominada “mayoría calificada”, esa que le ha permitido tener el control absoluto del Congreso.  

Al respecto, es importante señalar que estos 87 votos obtenidos le permitieron al fujimorismo, por ejemplo, elegir al Defensor del Pueblo (artículo 161°), y le podrían permitir elegir a los miembros del Tribunal Constitucional (artículo 201°), o modificar la Constitución Política, sin necesidad de un referéndum ciudadano (artículo 206°). En suma, el fujimorismo, el día de hoy, cuenta con los votos necesarios para impulsar y aprobar reformas constitucionales y legales de gran impacto jurídico y político.

Para mayor comprensión, es preciso advertir que el fujimorismo puede, si se lo propone, aprobar la reforma constitucional referida a la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos (artículo 41°), o, como lo propuso una de sus congresistas durante la campaña electoral, lograr que la Procuraduría Anticorrupción sea un organismo constitucionalmente autónomo (como la Contraloría General de la República o el Ministerio Público), para que su titular no sea nombrado por el Gobierno de turno y tenga mayor estabilidad en el cargo. Eso permitiría que el Procurador Anticorrupción sea un auténtico defensor de los intereses del Estado y no del Gobierno que lo nombra.

Asimismo, el fujimorismo podría convertirse en el abanderado de la reforma política en nuestro país, ya que de ellos depende, por ejemplo, fomentar el debate y la reforma constitucional sobre temas centrales para la institucionalidad democrática como el Voto Facultativo (artículo 31°), la Estructura del Parlamento (artículo 90°), la Inmunidad Parlamentaria (artículo 93°), el Reglamento del Congreso (artículo 94°), la Irrenunciabilidad del Mandato Legislativo (artículo 95°), la Infracción Constitucional (artículo 99°), el Antejuicio Político (artículo 100°), las Atribuciones y Conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (artículos 154° y 155°), la Redefinición de la Estructura, Organización y Funciones de los Organismos del Sistema Electoral (artículos 176° a 187°), o también, la aprobación de un Código Electoral, y la actualización de otros Códigos como el Penal y/o el Civil.

Del mismo modo, el fujimorismo tiene la fuerza para activar responsablemente mecanismos de control político como la interpelación (artículo 131°), la censura, el rechazo de la cuestión de confianza planteada por el Consejo de Ministros (artículo 132°) o decidir la aceptación o rechazo del pedido de delegación de facultades presentado por el Poder Ejecutivo (artículo 104°), como ya lo hizo en el primer semestre del año pasado.

Al mismo tiempo, si el fujimorismo quiere, tomando en consideración el alto índice de conflictividad social presente en las regiones del país, relacionado, en mayor medida, con la explotación de actividades extractivas (minería, por ejemplo) y la protección del medio ambiente, puede reformar el marco normativo vigente referido al proceso de descentralización, y al mismo tiempo, ajustar la legislación con el objetivo de redefinir la relación existente entre el Estado, las empresas extractivas y las comunidades.

En el campo de los derechos humanos, el fujimorismo puede hacer uso de su poder para reconocer expresamente en el texto constitucional los derechos y libertades fundamentales que durante los últimos años el Tribunal Constitucional ha reconocido a través de su jurisprudencia: el derecho al agua, el derecho a la verdad, el derecho a la objeción de conciencia o el derecho al plazo razonable en la administración de justicia, como una muestra evidente de su compromiso con la defensa y garantía de los derechos humanos en el Perú.

En esa misma línea, del fujimorismo depende que durante los próximos años el Perú siga el camino transitado por la mayoría de países de la región y de las democracias avanzadas en el mundo, impulsando reformas legislativas destinadas a garantizar el derecho a la libertad e igualdad de todas las personas. Nos estamos refiriendo básicamente a reformas legales sobre la tipificación del delito de feminicidio, la despenalización del aborto por violación, el reconocimiento del derecho a morir dignamente (eutanasia), la aprobación del matrimonio igualitario y/o unión civil entre personas del mismo sexo, el reconocimiento y protección del derecho a la identidad de género de la comunidad LGTBI, la igualdad entre hombres y mujeres (sobre todo en el campo laboral), la ampliación de la licencia de paternidad, entre muchas otras.

En otras palabras, Keiko Fujimori, la lideresa del fujimorismo, tiene en sus manos la gran oportunidad de dejar atrás a los fantasmas del pasado que persiguen a su agrupación, a la que un importante sector de la población sigue responsabilizando por la destrucción de la Institucionalidad Democrática y el Estado de Derecho en el Perú, para convertirse en la gran conductora de las reformas constitucionales y legales que el país necesita.

Repito, Keiko Fujimori tiene la gran oportunidad de demostrarle al país, pero sobre todo, a ese gran sector antifujimorista que volvió a inclinar la balanza en la Segunda Vuelta de las Elecciones Generales 2016, votando por PPK para presidente, que el fujimorismo que ella lidera no es el fujimorismo autoritario, intransigente y populista de los noventa.

En suma, Keiko Fujimori debería demostrarle a los peruanos que durante este Gobierno sus parlamentarios no actuarán como aquellos que impidieron que Vladimiro Montesinos sea investigado, que aprobaron Leyes de Amnistía para favorecer a los asesinos del Grupo Colina, que aprobaron la Ley de Interpretación Auténtica para favorecer la reelección de su padre, que destituyeron a los Magistrados del Tribunal Constitucional, que negaban el chuponeo telefónico o la compra de medios de comunicación y congresistas tránsfugas, o que pedían a gritos que el Perú se retire de la competencia de la Corte Interamericana de derechos Humanos.

¿Podrán Keiko Fujimori y sus congresistas convertirse en la fuerza política que logre sacar adelante las reformas que el país necesita para fortalecer la Institucionalidad Democrática y el Estado de Derecho en el Perú? ¿Podrán los fujimoristas comprometerse con la defensa de la democracia y los derechos humanos en nuestro país? ¿Podrá Keiko Fujimori evitar que el Congreso se convierta en un circo romano en el que los cristianos son devorados por los leones?

• Abogado PUCP. Post Grado y estudios de Maestría en Ciencia Política y Gobierno (PUCP). Candidato a Máster en Derecho Constitucional en la Universidad Castilla de la Mancha (Toledo-España). Profesor de Ciencia Política e Historia de las Ideas Políticas en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres.


Escrito por

Rafael Rodríguez

Estudia, lee, investiga, enseña y escribe sobre Derecho Constitucional, Ciencia Política y Derechos Humanos.


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