QEPD Wilindoro Cacique

El gobierno y la píldora del día siguiente en el Perú

Publicado: 2017-04-10

En julio de 2014, la ciudadana Violeta Gómez interpuso ante el Poder Judicial una Demanda de Amparo solicitando que el MINSA redistribuya el AOE (Anticonceptivo Oral de Emergencia) en los centros de salud públicos. Fue así como el 20 de junio de 2016, la demandante presentó una medida cautelar pidiendo que mientras no exista una sentencia sobre el fondo, el órgano jurisdiccional debía ordenar la entrega gratuita (provisional) del fármaco a nivel nacional.   

Al respecto, el juez David Suárez Burgos, titular del Primer Juzgado Constitucional de Lima, en agosto del año pasado, decidió conceder la medida cautelar requerida, acogiendo los argumentos expuestos por la demandante: “la vulnerabilidad patente en las mujeres más pobres, quienes viven en las zonas declaradas en emergencia por el virus del ZIKA, ya que estas mujeres, ante la imposibilidad de acceder al AOE, corren el riesgo de un embarazo no deseado y peligroso, dado que uno de los efectos que el virus tiene en una madre gestante es que el bebé nazca con alteraciones neurológicas (microcefalia, por ejemplo)”.

Además, el juez Suárez, para adoptar esta decisión, tomó como punto de referencia, entre otras consideraciones, el fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia vs Costa Rica (2014), donde se establece claramente que el inicio de la vida se da cuando un óvulo fecundado se anida en el útero (concepción=anidación). Entonces, si ello es así, resulta claro que el AOE no es abortivo ya que no impide la implantación de un óvulo fecundado. Por lo expuesto, el juez Suárez le ordenó al MINSA redistribuir -en un plazo de 30 días- el AOE en todos los centros de salud públicos.

Sobre el particular, resulta importante subrayar la posición que el Gobierno de PPK, a través de sus ministras de Justicia, Salud y Mujer, respectivamente, ha fijado frente al tema. Como se recuerda, la ministra de Salud, Patricia García, anunció públicamente, mucho antes de conocido el fallo, que el Gobierno adoptaría todas las medidas que fuesen necesarias para iniciar la redistribución del AOE. Y lo hizo sobre la base de los mismos argumentos jurídicos y científicos que el juez Suárez empleó para justificar su decisión.

En el plano jurídico, resultaba “absurdo”, por decirlo menos, que el Tribunal Constitucional (Sentencia N° 02005-PA/TC, emitida en 2009), haya decidido que al existir una “duda razonable” respecto a los efectos abortivos del levonorgestrel (compuesto de la píldora) era necesario prohibir la distribución gratuita del AOE en los centros de salud públicos, pero que al mismo tiempo, permitiera la venta del AOE en las farmacias y establecimientos privados. En otras palabras, la “duda razonable” de los magistrados constitucionales se disipaba “mágicamente” cuando se trataba de la venta privada de dicho fármaco, como si el posible “efecto abortivo” del AOE dependiese de quién lo entrega o vende.

En el plano científico, la decisión del Tribunal Constitucional, que ya era “absurda”, jurídicamente hablando, resultaba más incomprensible. Decimos ello ya que el Tribunal Constitucional, para poder emitir su fallo, había recibido informes de la Defensoría del Pueblo, el Colegio Médico del Perú, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud que señalaban categóricamente lo siguiente: “la comunidad científica internacional coincide en que el anticonceptivo oral de emergencia no es abortivo y no impide la implantación de un óvulo fecundado ya que no tiene efectos sobre el endometrio, siendo por otro lado un asunto de salud pública, y que permite a las mujeres y sobre todo a las más pobres contar con un método anticonceptivo científicamente reconocido que contribuye a evitar los embarazos no deseados”.

Entonces, si en el plano científico las cosas estaban tan claras, de dónde sacó el Tribunal Constitucional la supuesta “duda razonable”. Muy bien, para justificar tamaña aberración argumentativa, los magistrados echaron mano a sendos informes (absolutamente sesgados) de instituciones como la Alianza Latinoamericana para la Familia, la Population Research Institute, la Coordinadora Nacional Unidos por la Vida y la Familia y la Asociación Nacional de Médicos Católicos del Perú, todas ellas vinculadas a sectores religiosos ultra conservadores.

En otras palabras, para el Tribunal Constitucional, los informes de estas instituciones, que presentan un claro sesgo frente a las políticas de planificación familiar y control de la natalidad a nivel mundial, tenían tanto “peso científico” como para desvirtuar lo señalado por la mismísima Organización Mundial de la Salud y otras entidades científicas de prestigio. Como para demostrarnos, una vez más, que en el Perú lo único que falta es que “llueva para arriba”.

En esa línea, siendo ese el panorama, debemos felicitar al juez Suárez y a la ministra de Salud, Patricia García, por haber defendido con aplomo y solvencia, tanto legal como científica, la redistribución gratuita del AOE en los centros de salud públicos. Esta decisión corrige la abierta discriminación que venían sufriendo las mujeres en nuestro país, sobre todo las más pobres. Aquellas que por razones económicas no pueden comprar el fármaco en establecimientos privados.

Con este fallo, las mujeres peruanas, sin importar su condición económica, podrán acceder al AOE y prevenir embarazos no deseados. Además, debemos, recordar que el fallo del Tribunal Constitucional provocó que el AOE sea retirado del protocolo atención a las víctimas de violencia sexual, vulnerando los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas que no pudieron evitar embarazos de sus agresores sexuales. Por ello es importante resaltar la actuación del juez Suárez.

Finalmente, debo felicitar al Gobierno, ya que sin consultarle al Cardenal, como irónicamente lo señaló el Presidente de la República en su momento, inició en setiembre de 2016 el reparto progresivo del AOE en los centros de salud públicos a nivel nacional, garantizando el derecho a la autodeterminación reproductiva de la mujer, entendida como la libertad para poder elegir libremente el método anticonceptivo de su preferencia, lo que está directamente relacionado con su decisión acerca de cuántos hijos quiere tener, con quién y cuándo.

Nota: En América del Sur el AOE se distribuye gratuitamente en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Es decir, sólo en el Perú la distribución gratuita del AOE en los centros de salud públicos estaba prohibida.

Abogado PUCP. Con Post Grado y estudios de maestría en Ciencia Política (PUCP). Profesor de Derecho Electoral, Ciencia Política e Historia de las Ideas Políticas en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres.


Escrito por

Rafael Rodríguez

Estudia, lee, investiga, enseña y escribe sobre Derecho Constitucional, Ciencia Política y Derechos Humanos.


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