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EL GOBIERNO DE PPK Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Publicado: 2017-01-16

El 19OCT2016, el Gobierno de PPK, mediante la Resolución Suprema N° 258-2016-PCM, creó la Comisión Presidencial de Integridad, con el objetivo específico de proponer en 45 días “medidas concretas para promover la integridad y el respeto a los principios éticos de la función pública, con la finalidad de fomentar la transparencia, y prevenir y sancionar la corrupción”.  

Efectivamente, el 04DIC2016, la referida Comisión Presidencial presentó el Informe titulado “Detener la corrupción, la gran batalla de este tiempo”, documento que contiene 99 medidas para promover la integridad, y prevenir y sancionar la corrupción.

Al respecto, es importante señalar que muchas de estas medidas ya se han concretado mediante la aprobación de normas que forman parte del paquete de 112 Decretos Legislativos que el Poder Ejecutivo ha publicado en ejercicio de la Delegación de Facultades Legislativas que el Congreso le confirió mediante la Ley N° 30506.

Sobre este punto, conviene precisar que tanto en el Informe como en el grupo de Decretos Legislativos aprobados por el Gobierno, se han priorizado temas como la prevención y los mecanismos de denuncia, transparencia y acceso a la información pública. Asimismo, la difusión y asimilación de los códigos de ética, el adecuado control de las comrpas del Estado, la obras públicas, el tráfico de influencias, y la lucha contra la impunidad.

Sin embargo, más allá de las propuestas concretas que se exponen en el Informe, las mismas que han sido recogidas –como ya lo hemos advertido- en los referidos Decretos Legislativos, considero necesario destacar algunas “ideas fuerza” que la Comisión plantea en el Informe (a modo de introducción y diagnóstico) sobre el fenómeno de la corrupción y los efectos negativos que esta tiene para la estabilidad política y el desarrollo de la sociedad.

Primero, la Comisión resalta que doce mil seiscientos millones de soles son los que le arrebatan a nuestro país anualmente personas inescrupulosas acostumbradas a corromper o ser corrompidos, según un estudio realizado por la Contraloría General de la República. Esa suma equivale al diez por ciento del Presupuesto General de la República del 2016, es decir, 100 soles de cada mil, pierden todos los demás ciudadanos del país por culpa de los corruptos.

Segundo, la Comisión señala que el uso correcto de esa alta suma de dinero no sólo mejoraría los puestos de salud, las escuelas y los programas sociales, sino también las delegaciones policiales, las vías de comunicación y los medios para enfrentar catástrofes naturales. Eso quiere decir que mientras un puñado de corruptos se beneficia de la ilegalidad, el país entero pierde la oportunidad de proteger la vida y de ampliar las oportunidades de las personas, en especial, de las menos favorecidas.

Tercero, la Comisión lamenta que como sociedad nos hayamos acostumbrado a convivir con la corrupción y que la hayamos naturalizado, ya que quienes deberían recibir repudio social no lo sufren. Es más, un importante sector la considera un costo previsible para hacer negocios con el Estado o recibir sus servicios.

Cuarto, la Comisión afirma que la corrupción es una práctica pública. El delito se comete en secreto, pero sus elementos centrales son públicos: dinero y recursos públicos, funcionarios públicos, normativa pública burlada y prácticas éticas públicas omitidas. Al respecto, la Comisión advierte que cuando personas, empresas y organismos del ámbito privado se involucran en actos de corrupción violan normas y prácticas públicas. Casualmente por eso la corrupción debilita las instituciones públicas y la autoridad, destruyendo la confianza de los ciudadanos en los servidores públicos.

Quinto, la Comisión destaca que la lucha contra la corrupción supone la revalorización de los espacios públicos oficiales y cotidianos, así como de los funcionarios públicos y sus responsabilidades. La lucha contra la corrupción, advierte la Comisión, encarna la consideración por el esfuerzo que significan, para millones de peruanos, sus aportes tributarios directos o indirectos, e implica la necesidad de convertir los ámbitos públicos –desde la plaza del distrito más pequeño hasta el Congreso de la República- en espacios de respeto y convivencia.

En otras palabras, es el desprecio por lo público lo que permite la instauración de territorios físicos o institucionales que se convierten en “tierra de nadie”, recurso utilizado para justificar su destrucción y el cinismo de quienes justifican las prácticas corruptas.

Sexto, la Comisión señala que la actuación de los corruptos no se limita al uso indebido del poder o de los recursos públicos; ya que la misma tiene un impacto nefasto en los derechos básicos. En escuelas, centros de salud y comisarías, por ejemplo, se evidencia la micro corrupción: médicos y personal de salud que incumplen su horario de trabajo, docentes que dejan de asistir a clase sin razón, efectivos policiales que se apropian (además de coimear) del combustible asignado a patrulleros o que usan irregularmente fondos destinados a gastos operativos o de inteligencia, con lo que dejan de brindar servicios de seguridad. En suma, la corrupción pone en riesgo la vida, la salud y la seguridad de las personas. Por eso merece una respuesta firme del Estado, para prevenirla y sancionarla.

Séptimo, la Comisión recuerda que el Perú al firmar la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción se comprometió a formular, aplicar y mantener en vigor medidas coordinadas y eficaces contra la corrupción. Además, el Perú se comprometió a promover la participación de la sociedad y reflejar los principios de imperio de la ley; a la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, y a la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas.

Finalmente, la Comisión advierte que romper el círculo vicioso de la corrupción no es solo la condición necesaria para crecer económicamente, sino -sobre todo- el requisito para construir un país menos violento, más justo y que brinde oportunidades para todos.

• Abogado PUCP. Post Grado y estudios de maestría en Ciencia Política y Gobierno en la Escuela de Gobierno y políticas Públicas PUCP. Profesor de Derecho Electoral, Ciencia Política e Historia de las Ideas Políticas.


Escrito por

Rafael Rodríguez

Estudia, lee, investiga, enseña y escribe sobre Derecho Constitucional, Ciencia Política y Derechos Humanos.


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