El Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, ha señalado que lo realizado por Odebrecht denota “un esquema delictivo sin precedentes en el Perú”, ya que la empresa brasileña, cuyos directores aceptaron haber repartido varios millones de dólares en sobornos para obtener contratos y obras públicas, no usó las clásicas colusiones ni entregas de dinero en efectivo, a las que estamos acostumbrados, sino más bien, un complejo sistema informático (como su software “My Web Day”) que le permitió realizar una serie de transacciones encriptadas que son muy difíciles de rastrear.  

Como era de esperarse, el escándalo desatado por Odebrecht ha vuelto a poner en el debate público un problema que ha estado presente desde los inicios de nuestra República: el nexo entre corrupción y política. Es más, los millones repartidos por la firma brasileña refuerzan la percepción ciudadana que una encuesta publicada en 2015 por el Diario El Comercio mostraba: el 80% de la población consideraba que Alan García y Alejandro Toledo (ambos ex presidentes) eran “mayormente o totalmente corruptos”, mientras los que pensaban lo mismo del entonces presidente Ollanta Humala llegaban al 75%.

Entonces, tomando como referencia estos datos, cabría preguntarnos lo siguiente: ¿Cómo consolidar a la democracia -como forma de gobierno- cuando más del 70% de los peruanos considera que sus tres últimos presidentes son corruptos? Es más, si el nexo entre corrupción y política está presente en todo el aparato público (también privado), la pregunta que deberían responder los políticos no sería acaso: ¿Cómo luchar contra la corrupción?

Al respecto, considero que el primer paso para solucionar un problema es comprenderlo. En ese sentido, me parece oportuno, difundir lo expuesto en el extraordinario libro de Alfonso Quiroz: “Historia de la Corrupción en el Perú”, destacando que se trata de la primera investigación que ha podido acceder a documentos reservados, archivos peruanos y extranjeros, informes desclasificados de los Estados Unidos, documentos secretos del Departamento de Estado norteamericano y otras fuentes de difícil acceso que corroboran las hipótesis del autor.

La corrupción peruana en cifras

En primer lugar, en el libro se señala que entre el 30% y 40% del presupuesto nacional desde inicios de la República se ha perdido en actos de corrupción. Ahora, si comparamos esas cifras con nuestro PBI, podemos afirmar que la corrupción se engulle aproximadamente el 4% del mismo. Entonces, no es una exageración señalar que ha sido el manejo corrupto de la economía una de las principales causas del retraso de nuestro país.

Corrupción y crecimiento económico

En segundo lugar, en el libro encontramos datos que confirman la siguiente hipótesis: los niveles de corrupción aumentan durante los períodos de mayor crecimiento económico. Este dato es fundamental, si tomamos en cuenta que nuestro país durante los últimos años ha venido registrando una senda de crecimiento económico sostenido como nunca antes en su historia. ¿Cuántos millones de soles generados por el crecimiento se han perdido en actos de corrupción? ¿Hemos hecho el esfuerzo por generar los controles institucionales necesarios para frenar los actos de corrupción? Ambas, son preguntas que la clase política, y en especial, el Gobierno de turno debería estar en condiciones de responder.

Corrupción y autoritarismos

En tercer lugar, en el libro se comprueba la relación simbiótica que existe entre la corrupción y la presencia de gobiernos autoritarios y/o dictatoriales. En otras palabras, mientras más autoritario es el Gobierno de turno, mayores son los incentivos para que los agentes públicos y privados incurran en actos de corrupción. Eso se explica de modo muy sencillo: habiendo abolido los controles propios de la Democracia y el Estado de Derecho, los gobernantes autoritarios tienen menos frenos a la hora de malversar y/o apropiarse del dinero público. Ergo, los corruptos saltan de alegría cada vez que nuestra democracia es petardeada por autócratas que se apropian no sólo de los recursos públicos sino también de la dirección política del país.

Los gobiernos más corruptos de la historia

En cuarto lugar, en el libro se señala que los periodos de mayor corrupción de nuestra historia republicana son coincidentemente los periodos en los que nuestra democracia fue ferozmente destruida por líderes autoritarios que no tuvieron mayores reparos en ser actores directos o cómplices diligentes del saqueo de las arcas públicas.

Así, según se refiere en el libro, los períodos de mayor corrupción en el siglo XIX fueron las décadas del 30 y del 50. Mientras que en el siglo XX, fueron los gobiernos de Leguía, Odría, Fujimori, Velasco y Alan García (primer periodo) los años en los que la corrupción ocasionó las mayores pérdidas del gasto público: 72%, 46%, 50%, 42% y 35%, respectivamente.

El Gobierno de PPK y la lucha contra la corrupción

A la luz de lo expuesto, creo que el actual Gobierno de PPK no debería olvidar -como la anota Transparencia Internacional- que una extendida corrupción acentúa las desigualdades, debilita a las democracias, incita a la violencia y da pie para que el crimen crezca. Es más, podemos afirmar que actualmente nuestra sociedad continúa pagando el alto costo político de la corrupción. Digo ello ya que miles de millones de soles se pierden diariamente en actos de corrupción, recursos que bien podrían ser invertidos en obras, programas o iniciativas destinadas a combatir la pobreza, reducir la desigualdad o mejorar la calidad de vida de las personas menos favorecidas.

Por lo expuesto, esperemos que el nuevo Gobierno de PPK asuma el liderazgo en este terreno, decida luchar frontalmente contra la corrupción: caiga quien caiga. Es más, esperemos que el Gobierno de PPK, además de publicar el “Informe de la Comisión Presidencial de Integridad”, liderada por el ex Defensor del Pueblo Eduardo Ernesto Vega Luna, cuyo contenido analizaremos en la próxima columna, tenga la capacidad y el carácter para implementar en el más breve plazo las recomendaciones sugeridas en el referido Informe.

• Abogado PUCP. Post Grado y estudios de maestría en Ciencia Política en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP. Profesor de Derecho Electoral, Ciencia Política e Historia de las Ideas Políticas de la Facultad de Derecho de la USMP.