En 2012, el profesor de Economía del MIT Daron Acemoglu y el profesor de Ciencia Política de Harvard James Robinson, en su libro titulado “Porqué fracasan los países”, expusieron la siguiente tesis: “la riqueza de las naciones no está en los seres humanos, la geografía, los recursos naturales, los antepasados, ni la genética sino en las instituciones. Es decir, la clave para el desarrollo de los pueblos radica en el respeto de la propiedad privada, la participación ciudadana, la libertad de elección y la igualdad de oportunidades. Cuando estas premisas se cumplen entonces la riqueza llega sola”.  

Asimismo, el propio Robinson, en una entrevista concedida a la Revista KOYUNTURA (Ecuador), afirmó que para tener éxito económico se requiere de una economía organizada de manera que cree incentivos y oportunidades para la mayoría de la gente en la sociedad. Y que eso depende de cómo funciona el sistema político (instituciones políticas) y de cómo el Estado -a través de sus entidades- responde a las demandas de los ciudadanos (salud, educación, seguridad, justicia, transparencia, participación, entre otras).

En esa línea, cobra importancia indagar sobre la manera cómo calificamos los peruanos la performance de los Poderes del Estado, los Organismos Constitucionales, los agentes de seguridad o fuerzas del orden, los partidos políticos, las asociaciones de la sociedad civil, o, por ejemplo, los medios de comunicación u otras instituciones con arraigo social, para saber en qué medida consideramos que estas instituciones garantizan, como lo señalan los autores referidos, la participación, la libertad de elección y la igualdad de oportunidades al momento de identificar, procesar y atender las demandas de los ciudadanos.

Al respecto, el pasado 02OCT2016, el diario El Comercio publicó una encuesta nacional (urbano-rural) que mide el nivel de confianza (comparado con el año 2010) de los peruanos en las instituciones (públicas y privadas). Cabe señalar que la encuesta fue realizada sobre un universo de 1267 personas que evaluaron a 32 instituciones.

De acuerdo con la referida encuesta, en el Perú la institución que transmite más confianza a los ciudadanos es el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) que alcanzó 82% de aprobación. Cabe señalar que en 2010 también fue el RENIEC la entidad pública con la mejor aprobación ciudadana (alcanzó el 68%). Es más, si se compara al RENIEC con los otros organismos del sistema electoral (ONPE 56% y JNE 48%, respectivamente) se puede constatar que su desempeño está muy por encima que el de sus pares.

Asimismo, el Banco Central de Reserva (BCR) aparece en el segundo lugar de las preferencias con un 66%. En 2010, el BCR obtuvo un 59% de aprobación. En otras palabras, el BCR, al igual que el RENIEC, es otra de las instituciones que ha mejorado su calificación en el periodo 2010-2016. Así, la lista de las mejores 11 instituciones continúa con la Radio (65%), el INEI (58%), la Iglesia Católica (58%), las Fuerzas Armadas (57%), la Defensoría del Pueblo (57%), la SUNAT (56%), la ONPE (56%), las ONG (53%) y el INDECOPI (52%).

En el otro extremo del ranking de confianza ciudadana encontramos a los partidos políticos y al Congreso de la República, que alcanzan apenas el 14% y 22%, respectivamente .Así, la lista de las peores 11 instituciones continúa con la CONFIEP (23%), la CGTP (25%), el Poder Judicial (28%), los Sindicatos (31%), la Contraloría General de la República (32%), las Iglesias Evangélicas (34%), el Poder Ejecutivo (36%), la Policía Nacional (36%), la Fiscalía de la Nación (37%) y la Televisión (38%).

Ahora bien, a la luz de los resultados obtenidos es posible formular las siguientes anotaciones:

1) El ciudadano de hoy suele premiar la eficiencia de las instituciones (asociada a la calidad del servicio que brindan: costos, tiempo, buen trato, son los factores que se evalúan) vinculada con la manera cómo estas entidades ayudan a los ciudadanos a resolver sus problemas cotidianos.

Entonces, si ello es así, no es extraño que el RENIEC alcance el primer puesto en el ranking teniendo en consideración la cantidad de premios y galardones que durante los últimos años ha venido obteniendo a nivel nacional e internacional, como reconocimiento por su desempeño y la calidad de los servicios que presta. El RENIEC, como es de conocimiento público, ha implementado exitosamente una serie de servicios destinados a garantizar el derecho a la identidad de los peruanos (por ejemplo, hoy todos los ciudadanos ya podemos obtener el nuevo DNI electrónico).

2) Resulta preocupante que las instituciones vinculadas a la administración de justicia, y que luchan contra el crimen y la corrupción no superen el 50% de aprobación. Hablamos específicamente del Tribunal Constitucional (42%), la Fiscalía de la Nación (37%), la Policía Nacional (36%), la Contraloría General de la República (32%) y el Poder Judicial (28%).

3) A diferencia de la Radio (65%), tanto la Prensa Escrita (48%) como la Televisión (38%), tampoco superan el 50% de aprobación ciudadana. No obstante ello, se encuentran mejor posicionados que la CGTP (25%) y CONFIEP (23%), aunque son superadas por las ONG (53%). Hacemos referencia a este grupo de instituciones porque detrás de ellas suelen posicionarse los denominados grupos de interés y/o presión que tienen influencia directa en la agenda política nacional y en el proceso de elaboración, diseño e implementación de políticas públicas, sobre todo en un escenario como el nuestro de profunda debilidad institucional.

Finalmente, y retomando la tesis de Acemoglu y Robinson, resulta tremendamente preocupante que las instituciones -eminentemente políticas- como el Congreso de la República (22%) y los Partidos Políticos (14%), respectivamente, sean, al mismo tiempo, las que presentan los índices de menor aprobación. Eso es peligroso para el sistema democrático ya que son justamente ambas instituciones las que deberían de liderar el proceso de reforma política que nuestro país necesita. En otras palabras, las entidades llamadas a conducir el proceso de fortalecimiento institucional (desde la política) son al mismo tiempo, aquellas en las cuales “nadie confía”. Algo que la clase política lastimosamente todavía no termina de comprender.

Nota sobre el autor: 

Abogado PUCP. Con título de Post Grado y estudios de maestría en Ciencia Política en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP. Profesor de Derecho Electoral, Ciencia Política e Historia de las Ideas Políticas en la Facultad de Derecho de la USMP.