En el año 2000, luego de la fraudulenta e inconstitucional reelección de Alberto Fujimori, el fujimorismo se vio debilitado por la pérdida de la mayoría parlamentaria en el Congreso. Ante esa situación, el ex dictador y su asesor Vladimiro Montesinos, diseñaron el “Plan Reclutamiento”, que consistió en obtener una mayoría post electoral a toda costa, violando incluso el principio de soberanía popular expresado en las urnas. ¿Qué hizo Alberto Fujimori para consolidar esta “nueva mayoría” parlamentaria?

Todos lo sabemos, aunque muchos hoy en día prefieren olvidarse del asunto. Alberto Fujimori se apropió y usó dinero público para comprar el apoyo de los congresistas de otras bancadas. En algunos casos, logró que los congresistas abandonaran sus grupos parlamentarios y se integraran al fujimorismo (tránsfugas). En otros, logró que los parlamentarios, sin abandonar formalmente sus bancadas, votasen a favor de sus iniciativas (topos).

Alberto Fujimori fue el padre de los tránsfugas 

Así se gestó el transfuguismo en el Perú, convirtiéndose luego en una práctica normal en la política de nuestro país. Cabe recordar que esta ilegal práctica sólo pudo ser conocida luego del escándalo desatado por la difusión del video Kouri-Montesinos (el parlamentario de “oposición” recibía 15 mil dólares de manos del asesor presidencial a cambio de su lealtad incondicional). Como podemos darnos cuenta, el fujimorismo reclamó con éxito la paternidad histórica de este infame proceder, pero eso no quiere decir que luego de la caída de la autocracia fujimorista, los gobiernos democráticos que la sucedieron hayan sido capaces de resolver este problema que socava los cimientos de nuestro sistema político.

El transfuguismo como práctica normal en el Perú

Incluso, me animaría a decir que el transfuguismo (post Fujimori) como práctica política ha terminado por institucionalizarse en nuestra patria. Digo ello porque como se recuerda, entre los años 2001 y 2006 el partido de gobierno Perú Posible también sufrió una fuerte oleada de transfuguismo. Luego, a partir del año 2006, y tras la ruptura con Ollanta Humala, el partido Unión por el Perú vio partir de sus filas a un importante contingente de congresistas. Finalmente, en este año, varios parlamentarios de la Alianza por el Gran Cambio y Perú Posible (otra vez), decidieron mudarse de tienda política, hecho que ha reabierto el debate sobre esta materia). Pero, ¿es posible regular el transfuguismo en el Perú? Antes de responder esta pregunta, creemos necesario dejar en claro algunos conceptos.

¿A quiénes llamamos tránsfugas? 

El transfuguismo, en su vertiente más restringida, hace alusión a aquella forma de comportamiento político en la que un parlamentario, caracterizado como un representante democrático y popularmente elegido, abandona la agrupación política en la que se encontraba para pasar a engrosar las filas de otras. Esto hace que el tránsfuga sea visto como un traidor, una persona que luego de aprovechar la organización y los recursos económicos de la agrupación que lo presentó ante los electores, viola tanto la fidelidad del partido como la de los votantes que creyeron en él, situación que como ya lo hemos advertido, perjudica gravemente a nuestro sistema político.

¿Por qué es tan perjudicial el transfuguismo para nuestro sistema político?

Porque el elector se siente defraudado y estafado por la persona que ofreció defender el programa institucional del partido político por el que votó, y porque más allá del repudio moral o ético, el elector no tiene ninguna posibilidad real de reclamar o revertir el engaño sufrido, por ejemplo, cuando la coalición partidaria por la que sufragó (Partido Nacionalista y Unión por el Perú en 2006 ó Alianza por el Gran Cambio en 2011) se quiebra meses después del proceso electoral. Esta situación, le resta credibilidad al sistema político en su conjunto, pues mina la confianza de los ciudadanos en las instituciones políticas claves de la democracia representativa: los partidos políticos.

¿Todo el que abandona al partido político por el que fue electo es un tránsfuga? 

No, yo creo que no. Cierto es que la práctica fujimorista de comprar conciencias con el dinero de todos los peruanos para lograr que los congresistas de oposición se plieguen a sus filas constituye un comportamiento inmoral y delictivo, pero no todos los casos tienen estas características. ¿Qué ocurre cuando un partido gana una elección con un discurso de izquierda pero luego gobierna con un programa de derecha? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, por si acaso. ¿Acaso los parlamentarios izquierdistas no tienen el derecho de defender la promesa electoral por la que fueron votados abandonando al partido que traicionó la confianza de sus electores? Yo creo que sí.

Como podemos observar, no en todos los casos quien abandona al partido político por el que fue electo puede ser considerado un tránsfuga, al menos no bajo la connotación peyorativa que solemos asignarle a este término. O más aún, ¿cómo categorizamos los casos en donde el parlamentario se encuentra ante verdaderos dilemas morales como el aborto, la pena de muerte, la eutanasia o el matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿Podemos llamar tránsfuga encubierto a quien decide votar en contra de la posición mayoritaria que su bancada tiene frente a estos temas? Yo creo que no. 

Pero volvamos a la pregunta, ¿es posible regular el transfuguismo en el Perú? ¿Podrá una ley acabar con esta práctica, prohibiéndola o sancionándola con la pérdida del escaño? Sobre este punto, creo que la interrogante que buscamos absolver merece una respuesta jurídica y política, al mismo tiempo.

El transfuguismo en el terreno jurídico 

En el terreno jurídico, debemos empezar por responder lo siguiente, ¿a quién le pertenece el escaño parlamentario? ¿Quién es el titular de la curul congresal? ¿El titular es el partido político o el parlamentario que resulta electo? Si el titular es el partido político, si el escaño le pertenece a la agrupación política entonces resulta lógico que quien abandone las filas de su partido pierda su curul y sea reemplazado por un accesitario. En cambio, si el titular es el parlamentario “a título individual” entonces el tránsfuga conserva su escaño y el partido pierde a un miembro de su bancada.

Al parecer, es la segunda tesis la que ha terminado por imponerse en países como España, en donde el Tribunal Constitucional (sentencias 5/83 y 10/83) ha señalado que un individuo, una vez electo, es dueño de su escaño, y por tanto, puede marcharse libremente a otro partido político, hecho que sin lugar a dudas niega el papel central de los partidos políticos en el proceso de formación de la voluntad popular. Es una lástima que en el Perú nuestro Tribunal Constitucional no haya tenido la oportunidad de pronunciarse sobre este tema, pues eso nos ayudaría a tener mayor claridad en el análisis.

El transfuguismo en el terreno político

En el terreno político, la situación es mucho más compleja, pues como bien lo ha señalado Steven Levitsky en un artículo titulado Simpatía por el Tránsfuga, no creo que una legislación sobre el transfuguismo funcione, pues lo que en realidad se pretendería legislar es la existencia de partidos sólidos. Una ley antitránsfuga, afirma el profesor de Harvard, funcionaría como la prohibición del divorcio. Habría lealtades artificiales y transfuguismo encubierto: congresistas sentándose formalmente con sus bancadas originales mientras en realidad andan con otras. No cambiarían de bancada pero sí de discurso y voto (topos).

Es importante la opinión de Levitsky para esta reflexión pues nos recuerda que todos los políticos son ambiciosos (no sólo los peruanos), en el sentido de que buscan ganar elecciones y mantenerse en el poder. La pregunta es entonces, ¿qué hacen los políticos para conseguir ese objetivo? En países con partidos políticos sólidos como Estados Unidos, Suecia o Canadá, los políticos deciden permanecer en las filas de sus partidos pues saben que la marca partidaria tiene un valor que se mantendrá en el tiempo. La lógica es muy sencilla: si mi partido seguirá siendo una locomotora electoral entonces yo tengo incentivos para permanecer en él y no convertirme en un tránsfuga, pues será mí partido quien me haga ganar una elección.

Esto no ocurre en nuestro país, porque los partidos políticos tienen una vida muy efímera, la mayoría de ellos se construyen sobre la base de liderazgos caudillistas y camarillas que desaparecen cuando el entusiasmo por “el candidato novedoso” decae. En ese escenario, el transfuguismo se convierte en una estrategia racional para sobrevivir políticamente, ya que si para ser electos o reelectos los políticos peruanos necesitan una locomotora, una lista encabezada por un candidato viable; entonces, cuando esa locomotora deja de ser viable, los políticos no tienen otra salida que no sea convertirse en tránsfugas. En otras palabras, si en los Estados Unidos los políticos tienen incentivos para ser “leales” con sus partidos, en nuestro país los políticos están obligados (si quieren sobrevivir) a ser “tránsfugas”.  

Los parlamentarios no son los únicos tránsfugas

Al parecer, los analistas y líderes de opinión suelen encontrar en el Parlamento a lo más vil y deleznable de la política nacional, pero en este caso, como en tantos otros, la realidad nos demuestra que los problemas políticos sobrepasan los muros del Congreso de la República, pues el transfuguismo es una práctica perniciosa que está presente en todos los espacios y niveles de nuestro sistema de representación. Por ejemplo, en la actualidad 31 de los 43 alcaldes distritales en Lima, han militado en por lo menos dos partidos, y casi la mitad lo ha hecho en tres o más partidos. Esto confirma lo expuesto en líneas anteriores, los políticos en el Perú son leales al partido político o al líder que los convoca siempre que tengan la certeza de que esa lealtad servirá para impulsar su propia candidatura, cuando ello ya no es así, el transfuguismo se convierte en una opción real para subsistir en la jungla de la política peruana.

El verdadero problema son los partidos políticos 

No es el transfuguismo lo que debemos combatir, una ley no puede asegurar la lealtad o fidelidad de un militante, así como la prohibición del divorcio no puede evitar el quiebre amoroso de una pareja, ya que los esposos pueden permanecer legalmente casados pero eso no quiere decir que tengan una vida común. El problema de fondo está dado por la inexistencia de partidos. En un país en donde los partidos no son otra cosa que “denominaciones registrales” que hacen posible el arribismo electoral de algunos egos personales y, cuya vida útil no supera el promedio de 5 o 10 años, es lógico que si un político quiere hacer “carrera política” busque necesariamente al partido que en cada elección le brinde la posibilidad de acceder o mantenerse en un cargo. Eso ocurre acá y en cualquier lugar del mundo, así que evitemos caer en pesimismos tontos, y empecemos a reflexionar seriamente sobre este asunto. Porque la pregunta del millón que debemos resolver es: ¿cómo construir un sistema de partidos en el Perú?